Los legisladores requieren tener acceso libre y fácil a información relevante, precisa, oportuna e imparcial, a fin de cumplir con la difícil tarea para la que fuero electos. El principal obstáculo para ello es la falta de los fondos adecuados. Se requiere financiamiento para atraer a personal altamente calificado y competente, -tanto bibliotecarios como investigadores- y para adquirir materiales bibliográficos relevantes. Los parlamentos también pueden legislar estableciendo el depósito legal de los materiales publicados en su jurisdicción. Los parlamentos pueden legislar para otorgar derechos especiales de copia a los miembros del Parlamento, en virtud de sus responsabilidades parlamentarias. Finalmente, el Internet proporciona una fuente oportuna y creciente para tener información relevante que esté disponible libre de cargo.
Sydney
Abril 1997
En las sociedades democráticas modernas el Parlamento representa la voluntad del pueblo. Al menos, ese es el ideal. Uno puede argumentar interminablemente hasta qué punto en realidad este ideal se ha logrado. Todos tenemos en mente algunos Parlamentos que tienen la apariencia de ser electos democráticamente, pero en realidad son un poco mas que dictatoriales. Y, desde luego, hay países donde los resultados de las elecciones democráticas simplemente son ignoradas y el líder escogido es puesto bajo arresto domiciliario. En esos países, nada de lo que voy a decir tendrá mucho significado. Los parlamentos a los que me voy a referir en este documento son aquellos electos a través de un proceso democrático y donde todos los miembros, ya sea que formen parte del Gobierno o de la oposición, verdaderamente representan a su electores.
Newt Gingrich, el presidente de la Casa de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos, escribió: "En una era post-industrial, el trabajo del legislador está comenzando a cambiar de ser quien desde adentro resuelve los problemas personales de los electores, a ser un educador que trabaja para resolver los problemas de la nación" [1]. El legislador moderno tiene que velar por sus electores, de otro modo es probable que no sea reelecto. Pero los votantes también esperan que sus representantes resuelvan tanto los problemas de la nación como los del mundo. El americano, experto en economía y desarrollo internacional, John Korten, ha señalado: "La gente alrededor del mundo está aprendiendo a través de la experiencia que la supervivencia misma de la democracia puede depender de un cambio masivo en la actitud de las sociedades occidentales hacia los derechos legítimos, privilegios y poderes de las entidades corporativas". Ello requiere acceso a la información. Sin un acceso directo a información precisa y confiable, el legislador es lo que llamamos en Inglés coloquial 'a lame duck', seriamente impedido para realizar las tareas para las cuales fue electo.
El Parlamento necesita acceso a la información para generar y mantener el apoyo público, porque una vez que la gente pierde confianza en la institución parlamentaria se abre el camino para la revolución y/o la anarquía. Bajo políticas relacionadas con la privacidad y la seguridad, el Parlamento persigue varias metas, incluyendo el desarrollo y diseminación de información, construyendo un soporte para el sistema político, al proporcionar servicios a todos los electores, y convirtiendo en ley las decisiones políticas.
Los problemas que enfrenta la legislatura moderna son muchos y complejos. Es frecuente que los problemas que son demasiado difíciles para el sector privado, se lanzan al Parlamento. Sin un acceso rápido a información relevante, los miembros del Parlamento no tienen esperanza de mantenerse al ritmo de los rápidos cambios de nuestras sociedades, ni tampoco serán capaces de tomar las decisiones correctas. No es sorprendente por tanto, que la mayoría de los parlamentos ocupen una considerable proporción de sus presupuestos en información parlamentaria y servicios de investigación. Aquellos parlamentos que no lo hacen están en una seria desventaja.
La barrera fundamental para que un Parlamento tenga acceso a la información es la falta de recursos adecuados. Sin los fondos necesarios no será posible atraer bibliotecarios calificados e investigadores para llevar a cabo la investigación que se necesita enviar a los Miembros del Parlamento, información que sea relevante, precisa, oportuna e imparcial. Un Parlamento electo democráticamente merece el mejor personal posible, porque el pueblo merece el mejor gobierno parlamentario posible. Podría ser necesario ofrecer salarios que sean más altos que la norma para atraer personal altamente calificado y dedicado. Puede ser también necesario dar oportunidades para un futuro entrenamiento y desarrollo. En mi Parlamento, por ejemplo, motivamos a nuestros oficiales de investigación, quienes ya poseen uno o mas grados relevantes, a perseguir niveles más altos. La Biblioteca paga los costos de los estudios de maestría, cada vez que un curso ha sido terminado exitosamente, condicionado, desde luego, a que estos estudios sean de interés para las necesidades de investigación del Parlamento. Nuestro experto en Medio Ambiente, por ejemplo, está realizando grado de maestría en Legislación Ambiental. Nuestro mas experimentado oficial investigador con un doctorado en Ciencia Política acaba de terminar un grado de Licenciatura en Leyes con mención honorífica. No tenemos duda de que éste es un dinero bien gastado. Los proyectos que estas personas abordan en sus cursos son invariablemente de tal naturaleza que pueden producir informes o antecedentes relevantes para el Parlamento. Esta es una situación en la que todos salen ganando.
También motivamos a nuestro personal profesional para atender cursos de educación continua y conferencias a fin de que permanezcan actualizados con los últimos desarrollos en sus respectivas áreas de especialización. Nos esforzamos en mantener una partida presupuestal de $25,000 al año para entrenamiento y desarrollo del personal de un presupuesto total de $2.2 millones. Cuando tales cursos o conferencias se llevan a cabo en el mismo Parlamento por parte de otros grupos profesionales, nosotros tratamos de asegurar lugares gratuitos.
Desde luego, no importa que tan altamente calificado pueda estar el personal, ellos necesitan acceso a una vasta cantidad de información relevante, ya sea que se tenga en casa o en otro lugar. De nuevo, dependerá del tamaño del monto presupuestal destinado a adquirir materiales bibliográficos , así como de la habilidad de quienes realizan la selección de estos materiales, qué tan buena llegue a ser la colección. Hay algunas otras cosas que los Parlamentos pueden hacer, de una manera relativamente fácil, para asegurar el suministro de la información más necesitada.
Los Parlamentos pueden legislar sobre Depósito Legal. [2] En New South Wales, el Parlamento estipuló ésto, reformando en 1952, el decreto de Copyright de 1879. En su discurso de segunda lectura el Ministro que asistió al Jefe dijo:
Las estipulaciones similares que existieron en Queensland y en el Sur de Australia, ahora existen bajo Decretos de Biblioteca, en lugar de Decretos de Copyright. El Ministro continuó diciendo:
"El costo para que los editores cumplan con las estipulaciones de esta medida no serán grandes y las ventajas que ello traerá a la Biblioteca Parlamentaria serán ampliamente apreciadas por sus honorables miembros". [4]
La justificación de esta previsión sobre depósito legal se basó en la necesidad de los Miembros del Parlamento de tener acceso directo a publicaciones locales a fin de poder responder a preguntas de los electores sobre un amplio rango de temas, presumiblemente, para apoyar a un debate parlamentario informado. Como lo dijo un presidente:
Nosotros hemos sido afortunados en New South Wales ya que la mayoría de los libros publicados en Australia están, de hecho, publicados en Sydney. Como consecuencia, la mayor parte de nuestra colección legal se recibe en forma gratuita.
Una debilidad en la legislación es la referente a materiales "impresos" en su estricto sentido físico como el único medio de información. Esto ha llegado a ser obviamente un exacerbado anacronismo. La definición de 'libro' en la legislación excluiría grabaciones visuales y auditivas, así como productos de información electrónicos, tales como microformas, discos de computadora, CD-ROMs, incluyendo productos audiovisuales y multimedia y bases de datos on-line. Otros Estados Australianos, tales como Tasmania, Victoria, Queensland y Sur Australia, han tratado de ampliar la definición de 'publicación' para incluir a las microformas, material audiovisual y CD-ROMs. Es dudoso, sin embargo, que cualquiera de esas definiciones sean dictaminadas a favor por una corte legal para incluir información publicada en bases de datos on-line.[6] A pesar de estas dificultades en el diseño de una legislación más amplia sobre depósito legal, esta es una manera de asegurar que el Parlamento tenga libre acceso a información importante.
La Ley de Copyright puede ser una barrera importante para que los Miembros del Parlamento tengan acceso a información relevante. En Australia somos afortunados de que el Decreto de Copyright de 1968 (Commonwealth) hace una previsión especial para las necesidades de los Parlamentarios. Las secciones 48A [7] y 104A [8] liberan a las bibliotecas parlamentarias de la infracción por hacer copias para los miembros del Parlamento del cual depende la biblioteca.
El Bibliotecario Parlamentario puede autorizar a otra persona a hacer copias en interés de la Biblioteca Parlamentaria para el uso de un Miembro del Parlamento. Yo he hecho esto recientemente a fin de permitir a los oficiales de la Comisión de Asuntos Etnicos de New South Wales el sacar copias de los sumarios traducidos de artículos de periódico relevantes en las columnas étnicas, para que así los Miembros puedan estar al tanto de los temas políticos concernientes a las comunidades de habla no-inglesa.
El Comité de Revisión de la Ley de Copyright está actualmente trabajando para tratar de simplificar la complicada Ley de Copyright. Los bibliotecarios parlamentarios han sometido al Comité, no solo que estas estipulaciones para las Bibliotecas Parlamentarias deben ser retenidas, sino que deben ampliarse hasta incluir la copia de material electrónico. Nadie parece haber sugerido que estas estipulaciones especiales para los miembros del Parlamento deben cancelarse. Me parece que cualquier país podría incluir previsiones similares en su legislación del Copyright para permitir a los miembros del Parlamento tener libre y fácil acceso a la información requerida.
Finalmente, hay una colosal fuente de información libre de cargo disponible en Internet. El único obstáculo que podría existir sería la falta de una computadora personal, de una impresora, un módem, una línea telefónica, o un proveedor del servicio. Suponiendo que se pueden obtener los fondos para estas necesidades básicas, a un costo entre $5,000 y $10,000, es posible lograr el acceso libre y directo a una información vasta, útil y relevante. En Estados Unidos toda la información oficial publicada es del dominio público, lo que quiere decir que puede ser copiada libremente, reeditada y demás. En Australia tenemos lo que se llama 'Crown copyright', lo que significa que el Gobierno retiene el copyright de la información oficial publicada. Sin embargo, cada vez más los Gobiernos están preparados para dejar de lado su 'copyright'. En New South Wales se puede copiar y reproducir libremente la legislación, informes legales o decisiones de la Corte. Estos ahora están disponibles en Internet. Muchas jurisdicciones han hecho lo mismo.
Un buen lugar para empezar a buscar información relevante para los Parlamentos es la página de la Sección cuyo domicilio es:
Ligas por categoría a fuentes de Internet usadas por la Biblioteca
Las ligas desde este sitio conducen a información legal, política, parlamentaria y otros tipos de información alrededor del mundo. Desde luego, es de vital importancia para todos nosotros el persuadir a nuestras variadas legislaturas de poner a disposición libre en Internet sus publicaciones, para que todos tengamos la oportunidad de acceder a este material en forma gratuita. Algunos parlamentos piensan que pueden obtener un beneficio razonable estipulando un cargo por el acceso a sus materiales en Internet. En mi opinión esta acción es muy miope. El costo de publicar material en Internet es casi nulo comparado con el costo del papel, la impresión, la encuadernación, el correo, la facturación y todo lo demás. Así que publicando en Internet los parlamentos y los gobiernos estarán, en cualquier caso, ahorrando un monto considerable de dinero. Ya que los materiales son producidos a expensas de quienes pagan impuestos no debe ser necesario generar a los contribuyentes un nuevo cargo de impuestos por el acceso a estos materiales.
El otro lado de la moneda es, desde luego, que todos los ciudadanos deberían tener oportunidad de acceder a estos materiales. En Australia, la mayoría de los políticos tendrán acceso a Internet. Los gobiernos también están instaurando computadoras y el acceso a Internet en escuelas y en bibliotecas públicas. Un electorado bien informado tiene mayor posibilidad de elegir un buen gobierno. Los legisladores bien informados tienen mayores posibilidades de expedir una mejor legislación. Hay barreras para asegurar el libre acceso a la información, pero estas barreras no son insuperables. Como bibliotecarios parlamentarios tenemos un deber, y ciertamente una misión de trabajar hacia el logro de una sociedad donde todos, los ciudadanos y aquellos que han sido elegidos para representarlos, tengan acceso inmediato y libre a información relevante, precisa, oportuna e imparcial.
Notes